En Cuba el acceso a la tecnología sí es un derecho social

Nino Joven Clubnino-joven-clubYa se ha tornado habitual cuando el almanaque marca el 10 de diciembre que se intensifiquen los comentarios contra el gobierno de Cuba.  Así sucede siempre: Estados Unidos y sus aliados ingenian alguna “buena estrategia” para intentar desestabilizar al sistema político cubano en medio de las celebraciones por el Día Mundial de los Derechos Humanos, también como “fórmula” para quitarse ellos de encima la mirada recelosa de quienes los saben verdaderos culpables y violadores.

En tal sentido, ha sido recurrente “el abogar” por la libertad de pensamiento y de expresión -incluido el no ser molestado a causa de opiniones discrepantes con el poder, el de investigar y recibir informaciones, y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio-, tal como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que según ellos es expresamente violentada por el régimen.

Entre otros argumentos, esgrimen el de una prensa en extremo censurada, sin libertades; y el del control por parte del gobierno de los medios a los que sus ciudadanos pueden tener acceso, entre otras vías, mediante el dominio absoluto de Internet.

Sucede que en materia de telecomunicaciones Cuba también siente el peso del bloqueo económico, financiero y comercial a que hace más de 50 años la ha sometido Estados Unidos. Muy cerca de las costas cubanas se extiende un sistema de cables submarinos para la conexión a la red de redes, al cual el país no puede enlazarse por las prohibiciones que establece el cerco yanqui.  ¿Quién, entonces, violenta realmente los derechos humanos de los cubanos?

Como consecuencia, Cuba tiene que realizar todo el tráfico de información virtual por canales de satélites cuya utilización no aprobó la Casa Blanca hasta 1976, y que son muchos más costosos y limitan el ancho de banda.

Pero hay más: la primera conexión a Internet desde un punto de la geografía nacional solo fue posible en el 1994 y a través de un tercer país, cuando finalmente Estados Unidos se decidió a liberar sus sitios para Cuba. La plena navegación como tal se estableció dos años más tarde, y porque la nación norteña vio en Internet una gran posibilidad para atraer aliados en su intento persistente de desestabilizar la Revolución Cubana.

Disímiles son los ejemplos de ataques cibernéticos al mayor archipiélago de las Antillas; basta mencionar la denegación de servicios, el acceso a páginas web, la censura de contenidos publicados en medios cubanos, y más reciente, el consabido financiamiento y patrocinio de grupos de blogueros, digo, mercenarios, que tienen a su encargo el retrato de una sociedad irreal.

Aun así, ya en la década del sesenta el gobierno cubano daba los primeros pasos hacia la “explotación” de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) mediante la producción de componentes y equipos computarizados, y la introducción en sistemas informáticos de información científica para fines de docencia, investigación y desarrollo.

A inicios del presente siglo en todos los centros de enseñanza del país fueron instaladas computadoras modernas, se amplió el número de Joven Club de Computación, se creó la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), un centro productor de software, y se abrieron en todas las provincias las escuelas tecnológicas de informática.

También, se ha ido generalizando la instalación de redes corporativas y las intranet, y se ha incrementado la conexión a Internet desde puntos de interés social y comunitario, como instituciones científicas, educacionales, culturales, y estructuras de la administración.

A partir del 2004 se emprendió un plan de desarrollo para incrementar los servicios de conectividad social y el ancho de banda, y se introdujeron redes de acceso novedosas así como nuevos sistemas de direcciones.

Más allá de lo que puedan decir los enemigos de la Revolución, Cuba ha desarrollado una política ejemplar de uso y apropiación de las TICs, según las posibilidades y necesidades, y no bajo lógicas mercantilistas como sucede en los países altamente desarrollados.

Si bien es cierto que la utilización de estas herramientas no puede medirse en términos de computadoras por habitantes o el número de conexiones a Internet, sí puede hacerse según su impacto trascendente en el mejoramiento de la calidad de vida de más de once millones de ciudadanos.

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