Transmisiones ilegales hacia Cuba: sin novedad en el frente

{dropcap}D{/dropcap}ías antes del triunfo del 1ero de enero de 1959, el presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower al discutir la situación de la isla de Cuba con el entonces director de la CIA Allen Dulles manifestó: “Debemos impedir la victoria de Castro”.

“Impedir la victoria de Castro” en sus inicios y posteriormente hacer fracasar la Revolución triunfante, ha devenido ancestral y enfermizo empeño del gobierno y los servicios especiales norteamericanos, en los cuales se inserta coherentemente las transmisiones ilegales de radio y televisión hacia Cuba.

Ya en mayo de 1960 la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, autorizaba transmisiones por onda corta hacia Cuba. Por parte de la CIA se promovió el montaje de la estación conocida con el nombre de Radio Swan, en el mar Caribe, y es el 21 de marzo de 1960, que se une en ese empeño a la conocida Voz de los Estados Unidos de América.

A partir de 1960 fueron incontables las horas de transmisiones. Con el objetivo definido de desacreditar y desestabilizar el país surgieron Radio Mambí, La Cubanísima, Radio Fe, Radio Martí, entre muchas otras procedentes de Miami.

Según el Reglamento de Radiocomunicaciones, en esta zona las frecuencias de ondas medias no deben ser utilizadas para transmisiones internacionales, y menos el contenido de su programación estar encaminado a la abierta promoción de la subversión, la violencia, la violación de las leyes, e incluso el asesinato político.

Las autoridades de telecomunicaciones de Estados Unidos van más allá en su ilegalidad respecto a Cuba, cuando toleran que plantas comerciales del sur de la Florida, empleen patrones de antena y transmisores de una potencia superior a la necesaria para las transmisiones locales, aceptan que plantas de onda corta (denominadas piratas) transmitan sin licencia desde su territorio, invadan frecuencias destinadas al servicio de radioaficionados, tareas de la defensa civil, comunicaciones entre naves y aeronaves y cometan otras arbitrariedades.

Pudiera pensarse que las pálidas medidas anunciadas el pasado 13 de abril por la Administración Obama en relación con Cuba y la reducción del presupuesto destinado a Radio y TV Martí, inciden en una disminución de las transmisiones ilegales hacia Cuba; pero la realidad es otra.

La nación cubana continúa enfrentando graves amenazas al ejercicio de sus derechos a la libre determinación y al desarrollo, a partir de las agresiones y acciones hostiles del gobierno del vecino país del norte, dentro de ellas, el bloqueo económico y comercial y la transmisión semanalmente hacia Cuba de 1 908 horas de radio y televisión por 30 diferentes frecuencias. Solo Radio Martí transmite en 10 frecuencias en ondas media y corta.

Radio y Televisión Martí han costado más de 600 millones de dólares a los contribuyentes norteamericanos. Ese dinero en realidad beneficia a elementos de la mafia anticubana, incluidos congresistas de origen cubano. Sólo el funcionamiento de TV Martí, que no se ve en Cuba, les cuesta a los ciudadanos de Estados Unidos más de 20 millones de dólares por año en impuestos.

La emisión de señales de televisión hacia Cuba desde territorio norteamericano, ha sido una verdadera guerra en los órdenes técnico, diplomático y de inteligencia. Durante casi 20 años el gobierno de Estados Unidos y la contrarrevolución han tratado de imponer al  Estado cubano  su doctrina de dominación utilizando este medio de comunicación.

Se ha neutralizado la señal enemiga bajo sus distintas variantes, causando desasosiego y división en las filas enemigas.

Reducir dos millones y medio de dólares a un presupuesto anual de más de treinta, destinado a la agresión radial, no representa ninguna novedad respecto a la política anticubana de otras administraciones norteamericanas.

Cuba está en la obligación y el derecho de denunciar estos actos ilegales en el marco de diversos escenarios multilaterales, defender la soberanía de su pueblo, que incluye el disfrute sin interferencias de las frecuencias radiales y televisivas que le corresponden, con sujeción a las normas y regulaciones del derecho internacional.

 

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