Los cinco antiterroristas cubanos prisioneros en cárceles de EE.UU.

Este 27 de noviembre se cumplen nueve años desde el comienzo del amañado juicio contra los 5 héroes cubanos antiterroristas (más de once desde que fueron encarcelados). Inevitablemente, la fecha nos trae a la memoria otro 27 de noviembre, el de 1871, cuando en la Cuba colonial fueron fusilados ocho cubanos inocentes, estudiantes de medicina, víctimas estos últimos del deseo de venganza de los voluntarios españoles, víctimas los primeros de la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba y de la frustración, el rencor y la intolerancia de un exilio obcecado.

Llevar a cabo el juicio en Miami, donde la manipulación mediática había creado ya una irrespirable atmósfera contra los acusados, fue la recreación de un circo romano con el “pollice verso” previamente establecido. Pero no sabíamos entonces, aunque muchos lo sospechábamos, que el mismo gobierno que los procesaba era el que pagaba a numerosos periodistas para que encendieran contra ellos la hoguera inquisitorial. El escándalo se produjo varios años más tarde, el 8 de septiembre de 2006 (los 5 cumplían ya condenas increíblemente exageradas), cuando documentos federales obtenidos por The Miami Herald revelaron que por lo menos 10 periodistas locales habían aceptado dinero del gobierno de Estados Unidos como pago de programas en Radio y TV Martí. Recordemos los nombres de algunos de los que menciona Oscar Corral en su reportaje: Pablo Alfonso y Wilfredo Cancio Isla de El Nuevo Herald; Helen Aguirre Ferre, editora de la página de opinión y el columnista Ariel Remos, de Diario Las Américas; Miguel Cossío, director del noticiero, y Juan Manuel Cao, reportero, ambos del Canal 41 de TV; Carlos Alberto Montaner, quien comparece con frecuencia en radio y televisión y sus artículos se publican en algunos diarios; y Ninoska Pérez Castellón, de Radio Mambí. El mejor pagado fue Pablo Alfonso, que recibió $ 175,000 y la peor Ninoska Pérez, con sólo $ 1,550.

Los pagos realizados por la “U.S. Office of Cuba Broadcasting”, que tiene a su cargo Radio y TV Martí, a periodistas locales que, en mayor o menor grado, conforman con sus artículos y comentarios una opinión sobre Cuba, y sobre todo en el periodo en que transcurrió el proceso judicial contra los 5, no sólo constituyen una muy grave falta de ética sino que son ilegales porque vulneran restricciones establecidas por el Congreso. Estas prohiben claramente la utilización de fondos federales para financiar la propaganda encubierta dentro del territorio de los Estados Unidos. La U.S. Government Accountability Office (GAO) define la propaganda encubierta como información que se origina en el gobierno, éste no se la atribuye y se publica desde otras fuentes. En nuestro caso específico: los pagos secretos, realizados a través de Radio y TV Martí, emisoras que cumplen con agendas federales c uyo objetivo es Cuba, a periodistas supuestamente independientes que desarrollan en otros medios de información agendas similares, violan la ley. Estos mismos criterios sobre la propaganda encubierta se explican en el memorandum de 2005 de la Casa Blanca (Office of Legal Council) en ocasión del escándalo con Armstrong Williams, conocido comentarista de la televisión, cuando se descubrió que la administración de George W. Bush le había pagado $240,000 para que apoyase públicamente sus iniciativas de política educacional (“No Child Left Behind Law”).

Debo advertir sin embargo que Radio y TV Martí no fueron las únicas vías para alquilar conciencias. Tampoco fueron las únicas utilizadas para crear el clima de odio que hizo imposible un juicio justo para los 5. En febrero de 2006 se dio a conocer una lista de 17 instituciones cubano-americanas que recibían fondos de la “National Endowment for Democracy”. Esta y otras agencias federales distribuyen generosamente recursos millonarios entre decenas de organizaciones del exilio e instituciones de diverso tipo incluyendo universidades. Con estos fondos se financian numerosas publicaciones tanto en los medios tradicionales como en el espacio cibernético y se pagan salarios de comunicadores, profesores, investigadores, analistas políticos y otros intelectuales.

Sospecho que los nombres de personas e instituciones que han sido revelados hasta el presente, no sin serias reticencias y obstáculos, gracias a la Ley de Libertad de Información (“Freedom of Information Act”), conforman sólo una minúscula parte de la realidad. Son sorprendentes, además, los extraños vericuetos por los que circula el dinero que alimenta la propaganda contra la isla desobediente, como tal vez la llamaría Noam Chomsky . En agosto de 1997, por ejemplo, cuando se producían acciones terroristas contra instalaciones turísticas en La Habana, Luis Posada Carriles, desde El Salvador, envió un fax a sus socios en Estados Unidos, una copia del cual fue obtenida por el New York Times y publicada en su edición del 12 de Julio de l998. En el fax, Posada Carriles se quejaba de la poca respuesta, a su juicio, de los medios informativos ante el estallido de las bombas y terminaba advirtie ndo: “¡Si no hay publicidad, no hay pago!”.

Recientemente (septiembre 9, 2009), la Asociación de Estados Unidos para la Justicia Social (“US Partnership for Civil Justice Fund”), actuando a nombre del Comité Nacional de Estados Unidos para la Liberación de los Cinco Cubanos (“US National Committee to Free the Cuban Five”), interpuso una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra la Junta de Directores de las Trasmisiones (US Broadcasting Board of Directors) debido a su negativa ilegal a la difusión pública del financiamiento del gobierno a los periodistas. La publicación de los documentos podría destruir la credibilidad de decenas de periodistas en el sur de la Florida y, probablemente, de las empresas de comunicación donde trabajan, y permitiría demostrar el doble papel desempeñado por el gobierno, como acusador y como manipulador de la prensa, durante un juicio en el cual el jurado no fue aislado y estuvo inmerso to do el tiempo en un ambiente saturado de falsas informaciones acerca de Cuba y de los Cinco.

Expondré a continuación algunos resultados de un estudio que realizo acerca del comportamiento de órganos de prensa de Miami en el periodo que va desde el 27 de noviembre del año 2000 hasta el 8 de junio de 2001, que corresponde al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso contra los 5 hasta que fueron considerados culpables por el jurado. Aunque parezca increíble, en esos 194 días el Nuevo Herald publicó 806 artículos que podían influir negativamente en el proceso judicial, sin contar cientos de despachos de agencias noticiosas seleccionadas (EFE, Reuters, France Presse y Associated Press) cargados igualmente de informaciones tendenciosas contra Cuba y contra los 5. En ese mismo intervalo, The Miami Herald publicó 305 artículos con las mismas características, sin contar igualmente con numerosos despachos de agencias de noticias, pero casi exclusivamente de la Associated Press.

En total, sólo en estos dos periódicos, se publicaron 1,111 artículos, un promedio de más de cinco por día, lo cual puede dar una idea de la sobresaturación mediática a que estuvo sometido Miami en temas relacionados con los 5. 1,111 artículos en contra, ni uno solo a favor y, repito, en sólo dos periódicos. No todos, por supuesto, exhiben la misma virulencia, ni todos los autores se presentan igualmente virulentos. El espectro transita desde los cargados de pura ponzoña hasta aquellos que se pretende clasificar como objetivos; pero absolutamente todos contribuyen a reafirmar los estereotipos que se utilizan en Miami para interpretar la realidad y que acerca de la revolución cubana y de sus líderes el exilio intolerante ha creado y repetido machaconamente durante medio siglo.

De los 806 artículos de El Nuevo Herald, 120 se atribuyen a la Redacción, o a los Servicios de la Redacción del diario, incluyendo numerosos editoriales. De los 355 de The Miami Herald, 67 se atribuyen al “Herald Staff” o a los “Herald Wire Services”, lo cual muestra un amplio comprometimiento de las direcciones de ambos diarios con la agenda anticubana, pero mucho mayor en El Nuevo Herald.

De los 686 artículos restantes de El Nuevo Herald, 239 (35 %), llevan la firma de los cuatro periodistas de ese diario que ya sabemos recibían dinero del gobierno a través de Radio y TV Martí: 123 de Wilfredo Cancio Isla, 96 de Pablo Alfonso, 11 de Carlos Alberto Montaner y 9 de Olga Connor, estímulo material que nos ayuda a entender su entusiasmo informativo. Cancio Isla, por ejemplo, llegó a publicar hasta tres artículos incendiarios en el mismo día (l9 de enero, 2001). Rui Ferreira (que no está en la lista de los 10) escribió 105 artículos, pero el alto número se relaciona con su tarea de cubrir regularmente el proceso judicial. El nuevo resto, 342 artículos, se reparte entre otros 128 autores. La sospechosa concentración de artículos en unos pocos autores es también marcada, aunque no tanto, en The Miami Herald, pero no deseo mencionar nombres hasta conocer los contratos entre el gobierno y los periodistas que la Junta de Directores de las Transmisiones tiene el deber de publicar.

Algunos de los artículos sólo era posible que se publicasen en el mundo surrealista de Miami. Por ejemplo, el de Cancio Isla del 4 de junio de 2001, cuatro días antes de que el jurado pronunciase el veredicto de culpabilidad, titulado “Cuba usó alucinógenos al adiestrar a sus espías”. Citando como fuente a un anónimo y misterioso ex oficial cubano “identificado por los seudónimos de Alex y José”, Cancio Isla desarrolla toda una fantástica historia según la cual Cuba utilizó técnicas de hipnosis y alucinógenos para modificar la conducta y controlar las mentes a larga distancia de sus agentes. ¿Qué motivó este disparatado artículo? Ya para esa fecha Cancio y los que le pagaban a Cancio no podían entender como Gerardo, Ramón, Fernando, René y Antonio, habían podido mantener una conducta tan valiente y ta n digna después de casi tres años de encarcelamiento, amenazas y duros castigos. Para explicárselo, necesitaron recurrir a hipótesis en la esfera de la parapsicología. Sin embargo hoy, después de casi once años separados del mundo exterior, los Cinco héroes cubanos se mantienen más firmes que nunca. ¿Qué explicación puede ofrecer ahora el señor Cancio?

Sabemos que con fondos del gobierno los medios de comunicación de Miami consumaron la infamia, pero el público tiene derecho a saberlo con nombres y apellidos.

¿Por qué, si está obligada por la ley, no es un asunto de seguridad nacional, y la solicitud fue presentada hace ya más de diez meses (23 de enero, 2009), la Junta no permite el acceso a los documentos? La respuesta la sabemos. Porque el juicio a los 5 fue un juicio político y porque, con las exorbitantes condenas que resultaron de él, se intentaba castigar no sólo a los 5, cuya culpabilidad no fue demostrada, sino también a la isla rebelde. Lo que sí demostró el irregular proceso, realizado en la atmósfera de histeria creada por los medios, financiados quien sabe hasta que grado por fondos federales y que culminó con la jueza Lenard repartiendo cadenas perpetuas y dobles cadenas perpetuas como si aspirase a batir un record Güines, es que Estados Unidos puede ser un país de leyes pero no es un país de derecho ni, mucho menos, un país de justicia. Son, por si alguien no lo sabe, categorías diferentes.

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