El pasado 2 de junio el Comité Nacional de Estados Unidos por la Liberación de los Cinco tuvo una importante conferencia de prensa en el National Press Club de Washington D.C. en la cual dejó saber a través de Gloria la Riva, su Coordinadora Nacional, sobre una demanda del Comité Nacional puesta contra la Broadcasting Board of Governors (BBG), entidad autónoma del gobierno federal responsable de todas las trasmisiones del gobierno de Estados Unidos o financiadas por ese gobierno.
El Comité Nacional también hizo público los nombres y los pagos hechos por la BBG a un número de periodistas en Miami, antes y durante el juicio celebrado a los Cinco en esta ciudad entre noviembre de 2000 a junio de 2001. Así mismo el Comité Nacional informó sobre el comienzo de una campaña internacional exigiéndole al Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, basado en la cuestión de estos pagos, que haga justicia dándole la inmediata libertad a los Cinco: Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René.
Mara Verheyden- Hilliard, presente en la conferencia de prensa, cofundadora del Partnership for Civil Justice Fund, una asociación de abogados con fines no lucrativos, anunció que la demanda puesta contra la BBG ocurrió al esta entidad negarse a entregarle al Comité Nacional, como la ley requiere, información requerida por éste sobre pagos hechos por la BBG, entre los años 1996 a 1999, a periodistas que tratan cuestiones relacionadas con Cuba.
Esta información demostraría que la BBG y la Oficina de Trasmisiones a Cuba (Office of Cuba Broadcasting) –la cual es parte de la BBG y dirige las trasmisiones de Radio Marti y TV Marti, cuyo objetivo es subvertir el orden constitucional en Cuba-, al hacer estos pagos violaron la ley federal –específicamente la Ley Smith-Mundt de 1948- que prohibe a la BBG de utilizar propaganda originada o financiada por el gobierno federal dentro de las fronteras de EE.UU.
Según, Heidi Boghosian, Directora Ejecutiva del National Lawyers Guild (Gremio Nacional de Abogados), también presente en la conferencia de prensa, “el pago a estos periodistas sugiere la existencia de un plan para subvertir los procedimientos judiciales e inclinar la decisión del jurado hacia veredictos de culpabilidad”. Este hecho hace al gobierno federal – representado en el juicio por la fiscalía- culpable del delito de manipulación del jurado aún antes del comienzo del juicio. Violando así el precepto constitucional garantizando un juicio imparcial a todo acusado enmarcado en la VI Enmienda.
El Panel del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito que en agosto de 2005 unánimemente invalidó el juicio a los Cinco y ordenó la celebración de un nuevo juicio, se basó para así hacerlo en lo que calificó como “una gran publicidad perjudicial y sediciosa previa y durante el juicio que saturó a la comunidad de tal manera que resultó prácticamente imposible tener un juicio justo”.
La investigación realizada por el Comité Nacional, hecha pública en la conferencia de prensa, demuestra los pagos hechos por la BBG a varios periodistas de Miami, por supuestos trabajos realizados por éstos para Radio Marti y TV Marti, durante la detención de los Cinco y el transcurso de su juicio. Entre estos periodistas se encuentran: Pablo Alfonso –trabajaba para El Nuevo Herald- y recibió $58,600; Wilfredo Cancio Isla –trabajaba para El Nuevo Herald- y recibió $4,725; Enrique Encinosa –trabaja para Radio Mambí- y recibió $5,200; y Ariel Remos -trabajaba para Diario Las Américas- y también recibió $4,725.
Estos son sólo los pagos recibidos por estos dignos profesionales durante la detención y el transcurso del juicio de los Cinco. Además, entre 1999 y 2007 la BBG pagó a Pablo Alfonso un total de $252,325; entre 1999 y 2006, ésta le pagó a Wilfredo Cancio Isla $21,800; en el mismo periodo la BBG el pagó a Ariel Remos $24,350; y a Enrique Encinosa entre 1999 y 2003 la BBG le pagó $10,410.
Cuanto se saturó a la comunidad con esta propaganda en parte lo demuestra la investigación llevada a cabo por el Comité Nacional, así como la realizada por nuestro compañero y colega Salvador Capote. En su valioso artículo de octubre 2009, “Los Cinco y la propaganda encubierta”, Capote mantiene: “…en los órganos de prensa de Miami en el periodo que va desde el 27 de noviembre del año 2000 hasta el 8 de junio de 2001, que corresponde al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso judicial contra los Cinco hasta que fueron considerados culpables por el jurado, aunque parezca increíble, en esos 194 días, El Nuevo Herald publicó 806 artículos que podían influir negativamente en el proceso judicial, sin contar cientos de despachos de agencias noticias seleccionadas (EFE, Reuters, France Press, y Associated Press) cargados igualmente de informaciones tendenciosas contra Cuba y contra los Cinco.
En ese mismo intervalo The Miami Herald publicó 305 artículos con las mismas características, sin contar igualmente con numerosos despachos de agencias noticiosas, pero casi exclusivamente de la Associated Press.
En total, sólo en estos dos periódicos, durante esos 194 días, se publicaron 1,111 artículos, un promedio de más de cinco por día, lo cual puede dar una idea de la sobresaturación mediática a que estuvo sometido Miami en temas relacionados con los Cinco.
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