Categoría: De la Prensa Cubana

Mucho se ha hablado por estos días sobre el proyecto del Código de las Familias, tanto en las consultas populares que se desarrollan en los barrios y comunidades de todo el país, como en ese otro espacio de debate que son las redes sociales.

Los grandes pasos que damos, los sueños que tejemos, las metas hacia las cuales caminamos tienen siempre tras de sí altísimas dosis de amor, aunque a veces no nos percatemos de ello.

Cuando hay amor, todo es posible. Puede sonar a cliché, pero si miran a su alrededor verán miles de familias que no se parecen entre sí, excepto por la voluntad de reajustarse y superar obstáculos para hacer felices a sus integrantes, sin dejar a nadie detrás y sin sacrificar afectos por rígidas convenciones sociales que en este siglo ya no tienen utilidad.

«¿Pero cómo van a quitar lo de Patria potestad del Código?, ¿ya no tendré derechos sobre mis hijos o qué?». « ¿Y qué es eso de autonomía progresiva, que los niños van a poder hacer ahora lo que quieran?». Estas son apenas pinceladas de los tantos criterios que, durante los últimos días, circulan en las redes sociales sobre el proyecto de Ley del nuevo Código de las Familias y que, en muchos casos, refleja desconocimiento sobre el significado de responsabilidad parental, autonomía progresiva o interés superior del niño; pero también nos habla de la manipulación mediática que se ha construido sobre estos términos, casi siempre bajo argumentos falsos, sin sustento legal, en un intento por desacreditar un Código que no quita derechos, sino que ampara a todos y fortalece a la familia en Cuba como institución.

Cuenta el secretario de prensa del presidente John F. Kennedy, Pierre Salinger, que, el mandatario, un adicto a los puros le encargó comprar la mayor cantidad posible de tabacos cubanos Petit H. Upmanns en las tiendas de Washington, y que solo cuando le informó personalmente de la adquisición de mil 200 habanos, satisfecho sacó un papel y firmó la Orden Ejecutiva 3447, que imponía el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba oficializado el 3 de febrero de 1962.