por La rúbrica de los documentos contó con la presencia del Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon.
Durante la ceremonia estuvieron presentes el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro, y el canciller de Noruega, Borge Brende, en representación de las naciones garantes del proceso de paz; mientras que por los Estados acompañantes se encontraban la mandataria de Chile, Michelle Bachelet; y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.
También participaron los jefes de Estado de El Salvador, República Dominicana y México, así como Ban-ki-moon, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los garantes de Cuba y Noruega leyeron el comunicado conjunto número 76 para aprobar los acuerdos referidos al Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.
El acuerdo incluye la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
El garante por el gobierno cubano, Rodolfo Benítez, informó que elaborarán una hoja de ruta para los nuevos pasos de este proceso de paz, en un término máximo de 180 días después debe haber terminado el proceso de dejación de las armas.
Benítez indicó que «todos nos debemos comprometer con un ejercicio de la política en que prime el debate civilizado y no exista espacio para la persecución política, así como no permitir que se repitan hechos como los que llevaron al actual enfrentamiento».
Por su parte, el garante de Noruega, Dag Nylander, leyó el acuerdo sobre garantía de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.
El gobierno nacional y la FARC-EP se comprometen a implementar las medidas necesarias contra organizaciones y conductas criminales que amenacen la construcción de la paz, así como asegurar la paz en las comunidades que se rompa el nexo entre política y uso de las armas, agregó Nylander.
Indicó además que también se creará un sistema integral de seguridad, y se desarrollará un modelo de garantía y derechos ciudadanos para los nuevos movimientos políticos.
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