por «Vienen a cortar el presupuesto público para dárselo a los grandes bonistas», protesta Mariana del Alba, refiriéndose a los supervisores de deuda enviados desde la capital estadounidense.
«Todo para pagar una deuda que ahora mismo no sabemos ni siquiera si es ilegal o si es legítima», añade.
Esta estudiante de derecho de 27 años señala el edificio donde se reúne la comisión encargada por Washington para supervisar la recuperación de las finanzas de Puerto Rico, el estado libre asociado de Estados Unidos que padece una deuda de más de 70 mil millones de dólares.
La llamada Junta de Control Fiscal es vista como una imposición colonial por muchos puertorriqueños, que defienden con orgullo su identidad cultural.
Como ocurrió en Grecia, donde la llegada de «la troika» fue rechazada por gran parte de la población, los boricuas han ignorado por mucho tiempo los préstamos descontrolados y las acusaciones de corrupción. Hasta que todo explotó.
Pero a diferencia del país mediterráneo, Puerto Rico no es independiente. Excolonia española convertida en territorio estadounidense a fines del siglo XIX, la isla de 3,5 millones de habitantes tiene su propio gobierno -bajo el estatuto de estado libre asociado- desde los años 1950.
Y el próximo 11 de junio, sus habitantes serán convocados a un referéndum no vinculante para pronunciarse sobre esta relación.
Incapaz de honrar sus deudas, Puerto Rico se declaró en quiebra a principios de mayo. La bancarrota no afecta por el momento a Estados Unidos, pero en el país caribeño la crisis se hace sentir con fuerza.
En la Universidad de Puerto Rico, cerrada por protestas estudiantiles desde fines de mayo, sillas y mesas encadenadas a los portones bloquean el ingreso. «Que no sigan recortando a ciegas», pide Mariana del Alba.
Los dos partidos que se han alternado en el poder desde los años 1950 (el Partido Nuevo Progresista, del gobernador Ricardo Rosselló, y el opositor Partido Popular Democrático) se acusan mutuamente de este desastre financiero.
Los analistas señalan que revitalizar la economía boricua será más difícil bajo la presidencia de Donald Trump, quien aboga por recortes en asistencia alimentaria y programas de salud para los más pobres.