por Rousseff permanecerá alejada de la presidencia hasta 180 días, mientras dura el juicio político en el Senado. Durante ese período, el mandato interino será asumido por el vicepresidente opositor Michel Temer.
El abogado defensor de Rousseff, declaró que «este juicio político no se justifica». «La defensa de Dilma Rousseff afirma que no hay crimen de responsabilidad contra la mandataria», dijo. Manifestó que el informe presentado por el relator del impeachment «justifica una intención política para inhabilitar a la presidenta».
Aseguró que «quiere construirse una fantasía retórica para destruir a una presidenta legítima». «Hay un golpe con derecho a la defensa», indicó.
La acusación
Rousseff está acusada de supuestamente haber alterado cuentas públicas para maquillar el déficit presupuestal. La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan «pedaladas fiscales», que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.
El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, no obstante el gobierno acudió a ese recurso para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político.
Dilma expresó recientemente que: «Para hacer un impeachment hay que tener delito de responsabilidad. Me juzgan por haber realizado en el presupuesto las ‘pedaleadas fiscales’ que usan gobernadores y presidentes desde 1995 para cubrir los programas sociales. Entonces, como no hay delito, es un golpe, golpe frío como dicen en Alemania».
El juicio político fue presentado por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que perdió las elecciones con Aecio Neves como candidato ante Dilma, reelecta por 3 puntos de diferencia en octubre de 2014, y abierto por el comandante de la crisis, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente Temer y del jefe del Senado, Calheiros.
Cunha, del PMDB, rompió la frágil alianza de su partido con el PT que permitió al binomio Rousseff-Temer victorias en 2010 y 2014, apenas fue electo presidente de la Cámara de Diputados y planteó una agenda conservadora a la cual se unieron todos los partidos opositores.
Por cierto, la mitad de la Comisión que evaluó el pedido de juicio político está siendo acusada de corrupción. Muchos de los Senadores están involucrados en el fraude de Petrobras, incluso en otros actos ilícitos.
Rousseff con la prensa
Recientemente en una entrevista con la BBC, la dignataria suspendida afirmó que es una «víctima inocente».
«Lo que en el gobierno creemos y lo que mis seguidores creen es que el proceso de juicio político en curso es ilegítimo e ilegal», dijo en aquella entrevista a principios de mayo.
Dilma dijo en ese entonces que el proceso en su contra «se basa en una mentira». Tanto ella como sus seguidores argumentaron durante todas estas semanas que el «impeachment» llevado adelante en el Congreso de Brasil es un «golpe de Estado».
Lo que viene
El proceso de suspensión deberá continuar con una notificación formal a la mandataria de parte del Senado.
La Cámara Alta prevé decidir qué derechos conservará Rousseff mientras esté suspendida, por ejemplo si mantiene a sus colaboradores o el uso residencias y transportes oficiales.
Al día siguiente de la votación, el primer secretario del Senado comunica personalmente lo resuelto a Rousseff.
El vicepresidente Michel Temer reemplaza interinamente a Rousseff en la Presidencia.
Si durante el juicio, que iniciará a mediados de mayo, se le considera inocente, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, podrá retomar sus funciones con pleno derecho y total normalidad.
De declararse culpable, Rousseff es reemplazada hasta el fin de su mandato en 2018 por Temer, contra quien la Corte Suprema pidió también un proceso de impeachment.
Repercusiones
The New York Times lo llamó «tapadera», The Economist ironizó sobre la votación en la Cámara (se votó por «razones» que poco o nada tenían que ver con la corrupción, y sí con «Dios» o «en recuerdo de los militares golpistas», y The Guardian directamente calificó de «tragedia» la eventual destitución de la presidenta.
¿Por qué el proceso es tan polémico? Porque los que la «juzgan» tienen más acusaciones de corrupción que ella Así tituló The LA Times: quienes votan el impeachment tienen más cargos que ella.
Las intenciones de Temer
Uno de los puntos que ha causado revuelo es la declarada intención del vicepresidente Temer de «privatizar todo lo que sea posible» en materia de infraestructura cuando asuma el poder.
Es cuestionable la estabilidad política que pueda lograr un gobierno encabezado por él que dará un rumbo liberal en la economía y aplicará una política exterior alejada de América Latina, un enfoque diferente al actual. Será la política exterior, donde habrá un exclusivo retorno a los mercados tradicionales como Estados Unidos, la Unión Europea, y los acuerdos de liberalización comercial.
La prensa desde el gigante sudamericano rumora que Temer ya tiene confirmado en Economía a Henrique Meirelles, ex presidente del Banco Central y ex presidente mundial del Bank Boston, quien apunta a una reducción del gasto público.
Inconsistencias del proceso
La cadena Telesur ha analizado algunas inconsistencias del proceso que se sigue a Dilma, que a continuación reproducimos.
• La acusación contra Dilma alude a lo llamado en Brasil “Pedaladas fiscales”.
El término se refiere a la utilización de anticipos de créditos de bancos públicos o privados, que cuando llegan a final de año se tratan de ajustar al presupuesto aprobado por el Parlamento. Esta práctica es muy común en los gobiernos brasileños y se viene haciendo desde los años 90.
La administración de Dilma utilizó estos créditos suplementarios para cubrir con los programas sociales como “Bolsa familia” y “Minha Casa, Minha Vida”.
• El juicio Político contra la mandataria no cumple con la legalidad.
El defensor de la presidenta, José Eduardo Cardozo afirmó que el juicio tiene «nulidad de origen», debido a que el expresidente de la Cámara de Diputados e impulsor del proceso, Eduardo Cunha, está acusado también de corrupción.
• Las acusaciones contra la presidenta sobre el caso de Petrobras busca su privatización.
El periodista brasileño Beto Almeida afirma que es la derecha la que está detrás de la petición de privatización de Petrobras. «Quieren decir que si Petrobras no fuese estatal no pasarían este tipo de cosas.
La solución para los problemas de Petrobras, muy lejos de pasar por la privatización, es un mayor control estatal, porque fue con esa medida que Petrobras logró ser una de las mayores petroleras del mundo, con tecnología reconocida internacionalmente y de vanguardia».
• La apertura del juicio contra la presidenta no está fundamentada en razones jurídicas.
La Constitución brasileña establece la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados «delitos de responsabilidad», lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.