Venezuela debate posible regulación de redes sociales e Internet

Por ese motivo, uno de los principales temas que ocupan la atención pública en ese país latinoamericano, es la discusión acerca de si las redes sociales deben ser sometidas a regulación.

Entre otros muchos puntos álgidos de esa diatriba, se menciona el asesinato de Almelina Carrillo, ocurrido en Caracas el 19 de abril de 2017, cuando, al paso de una manifestación pro gubernamental, una persona lanzó desde un balcón una botella de agua congelada que impactó en su cabeza, según publicó en su momento el sitio web Contrapunto. Ese y otros muchos hechos similares han estado directamente asociados a mensajes difundidos en Twitter.

Sólo un caso

En la víspera del asesinato de Almelina Carrillo, un conocido articulista antichavista, de nombre Tulio Hernández (@tulioehernandez), escribió en esa red social que los opositores debían «neutralizar» el plan de seguridad anunciado por el Gobierno y bautizado como «Zamora», para poder derrotarlos militarmente.

En uno de sus mensajes argumentó: «se valen hasta materos». Con ello dijo que consideraba lícito lanzar incluso macetas a militantes del chavismo desde las ventanas de los edificios.

Tras la muerte de la mujer, Tulio Hernández borró los mensajes de su cuenta, pero algunos usuarios de esa red conservaron capturas de imagen de lo escrito.

En el mismo período de las llamadas «guarimbas» (abril-julio 2017) también se registraron múltiples invitaciones a agredir a dirigentes del chavismo, junto con mensajes en los que se daba la dirección precisa de sus viviendas familiares para que opositores acudieran a acosarlos. Otros muchos tuits simplemente se usaron para tergiversar hechos con fines políticos.

¿Regular?

El comunicador e informático venezolano Luigino Bracci, un conocido militante de la aplicación del software libre, cree que «debe existir una regulación de ciertos temas relacionados con Internet y las redes, como las incitaciones al odio, las amenazas de muerte o el acoso».

No obstante, advierte que se trata de un «campo minado», sobre todo por la compleja realidad política de Venezuela.

Entrevistado por RT, comienza por señalar que «cuando se habla de regular una red social o cualquier actividad que tenga que ver con Internet, siempre es un asunto que va a causar escozor, sobre todo en este país».

Por eso mismo, recuerda que Internet se concibió como «un espacio libre de regulaciones gubernamentales o de las mismas empresas privadas», y «capaz de regularse a sí mismo».

Sin embargo, precisa Bracci, con el paso de los años «nos hemos dado cuenta de los excesos cometidos y de cómo las empresas y las corporaciones hacen un uso político de Internet».

Medios y violencia

El comunicador venezolano señala que en Venezuela existe el temor de «que las redes sociales sean usadas como se utilizó la ‘radio de las mil colinas’ en Ruanda, para exacerbar el odio de una parte de la población contra otra y generar una matanza. Acá ha ocurrido algo parecido, aunque en una escala mucho menor».

En opinión de Bracci, «las guarimbas violentas ocurridas entre abril y julio de este año fueron impulsadas, principalmente, desde las redes sociales».

Ejemplos previos

Otras naciones ya avanzaron en la aplicación de regulaciones a las redes y al Internet.

En 2015, poco después de los ataques terroristas en París, el Reino Unido propuso prohibir el cifrado en los servicios de mensajería.

Luego, la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzaron una campaña conjunta para abordar la radicalización en línea, y solicitaron multar a empresas de alta tecnología, como Facebook y Google, si no intensifican los esfuerzos para combatir ese fenómeno.

El pasado mes de junio de 2017, el Gobierno de Alemania aprobó una ley sobre seguridad, que permitirá a las autoridades aumentar la vigilancia del contenido de las mensajerías cifradas, como WhatsApp y Skype, con el argumento de combatir el terrorismo y evitar «zonas sin ley» en línea.

En América Latina, el todavía entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa presentó, un día antes de dejar su cargo en mayo de este año, un proyecto de ley para enfrentar los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet, legislación que aún está en estudio, según el diario El Comercio.

Territorialidad

Luigino Bracci cree que una de las mayores dificultades radica en que las empresas que crearon esas redes sociales están todas fuera de Latinoamérica.

En el ámbito local, indica el especialista, «si una emisora de radio o una estación de televisión se prestan para hacer llamados a asesinar a una persona, existe la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), con facultades legales para actuar».

Pero, agrega, «las redes sociales son un caso único en la historia reciente. Se trata de un medio de comunicación cuya sede está fuera del territorio y que no necesita de una oficina para operar en un país cualquiera».

Urgencia

En el caso venezolano, las redes sociales ocupan un debate central en la dinámica política del país. Anuncios, nombramientos gubernamentales y respuestas diplomáticas se exponen en Twitter, lo mismo que las respuestas de los adversarios al gobierno.

Carlos Silva Amarista, experto en el área de telecomunicaciones, dijo a RT que el uso frecuente hace que estén en el centro de los debates actuales.

«Si observamos el uso de las redes sociales en Venezuela, veremos que a través de ellas se ha incitado al odio entre la población, y que por ellas se promueve el dólar paralelo que termina destruyendo la economía. Así que termina siendo un espacio en el que debemos procurar una regulación».

El experto considera que la intención debe ser «evitar que esa herramienta siga siendo punta de lanza para una conspiración que pretende vulnerar el estado de derecho, y que no sea utilizada para la promoción del odio y la violencia».

Por esas razones, estima que resulta «importante que nos pongamos de acuerdo los venezolanos sobre cómo debemos regularlas».

¿Regular o limitar?

Consultado por RT, Silva Amarista subraya que «regular es simplemente establecer unas normas», por lo que considera que no debería existir mucho ruido al respecto.

Cita como ejemplo la «libertad de expresión» y recuerda que ese derecho no es absoluto: «Tiene unas normas. Dentro de ellas tienes libertad para expresar ideas, pero eso no le otorga a nadie la libertad de agredir a otro, ni de promover un asesinato. El que lo hace está rompiendo las reglas. Con las redes debe pasar igual».

Asegura que en Venezuela se defiende «la libertad de expresión como un derecho irrenunciable, pero no por ello vamos a pisotear otros, como el derecho a la vida o la intimidad personal».

A la pregunta de si es un tema muy urgente regular las redes sociales en Venezuela, el constitucionalista Carlos Silva contesta: «Es una urgencia regular los precios, es una urgencia controlar el dólar criminal que distorsiona la economía. Tenemos otras urgencias de tipo económico y productivo. Pero por el uso que se ha dado a las redes sociales, termina siendo de vital importancia asumir que debemos regular ese espacio».

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