por Es la segunda vez que la actual administración extiende la vigencia de esta normativa, aprobada en 1917, en la que se delega en el jefe del Ejecutivo la posibilidad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro período de emergencia nacional, además de prohibir el comercio con el enemigo o sus aliados durante conflictos bélicos.
Vigente desde la Primera Guerra Mundial, es la más antigua legislación de su tipo y solo se aplica contra Cuba, aun cuando la Casa Blanca nunca ha declarado una emergencia nacional con respecto a la Isla.
Estas restricciones prohíben a nacionales estadounidenses o personas sujetas a la jurisdicción de este país realizar transacciones financieras con la Isla, lo cual además de restringir los derechos de los ciudadanos norteamericanos otorga al bloqueo un carácter extraterritorial y daña a terceros países.
El Departamento de Estado emitió en noviembre de pasado año una «Lista Restringida de Entidades y Dependencias cubanas», en la que fueron incluidas 179 empresas con el propósito de entorpecer las relaciones económicas y comerciales de las empresas cubanas con potenciales socios estadounidenses y de terceros países.
De acuerdo con el informe anual en virtud de la resolución 72/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hecho público por la Cancillería cubana recientemente, durante el 2017 la política de bloqueo económico contra Cuba «se ha recrudecido y continúa aplicándose con todo rigor» y en el período de abril de 2017 a marzo de 2018 significaron cuantiosas pérdidas por más de cuatro mil 321 millones de dólares para la nación antillana.
Fuentes: Radio Rebelde, Granma, PL / Editor: Conrado Vives Anias