por Así ocurre con los proyectos de Ley de los Tribunales Populares, de los Procesos Administrativos, del Código de Procesos y del Proceso Penal, que discuten este lunes los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Se trata de una jornada de trabajo previa al primer período de sesiones del año del Parlamento cubano, que se desarrolla de forma semipresencial, y en la que participa el presidente Miguel Díaz-Canel.
En la ocasión el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio, dijo ante el plenario de la ANPP que diversos actores emitieron casi cuatro mil criterios en el proceso de discusión de tales proyectos legislativos.
Remigio afirmó que fueron recibidas tres mil propuestas, de las cuales el 63 por ciento resultaron aceptadas y un tercio consideradas improcedentes.
El presidente del TSP explicó que la Ley de los Tribunales de Justicia reemplazará a la Ley Número 82 de 1987. El cambio de denominación obedece a que la Constitución aprobada en 2019 así lo recoge en su articulado.
Apuntó que están contempladas 25 propuestas provenientes de igual número de legisladores.
De las consultas especializadas se aceptaron 65 propuestas de funcionarios de base de los tribunales, y otras 10 sugerencias provienen de la población.
El proyecto de ley llega a la Asamblea Nacional del Poder Popular con 42 artículos modificados, siete de ellos con cambios sustanciales.
Remigio aseguró que queda reforzado el principio de actuación colegiada de los tribunales, con paneles de tres o cinco jueces.
Explicó que el sistema de justicia cubano se caracteriza por la participación popular a partir de los jueces legos, con alrededor de 13 mil 500 electos.
Sin embargo, refirió que la mitad de esa cifra no ejerce por diversos factores, lo cual indica la necesidad de realizar elecciones para reemplazarlos en unos 60 municipios del país.
Por su parte el secretario de la ANPP, Homero Acosta, enfatizó en la estructura vertical del sistema de justicia cubano, que no se subordina a ninguna autoridad local y solo lo hace ante el máximo poder estatal, el Parlamento.