por Trump firmó en junio del año pasado el nefasto Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba, en un nuevo flirteo con los extremistas deseosos de asfixiar a la nación caribeña.
La emisión de regulaciones relativas al expresado Memorando implicó el aumento de la persecución a las transacciones financieras cubanas en el mercado internacional y a empresas interesadas en negociar con La Habana.
Incluso el Departamento norteamericano de Estado llegó a promulgar una lista restringida de casi 180 entidades y dependencias cubanas, con las cuales se deberían abstener los estadounidenses de tener vínculos.
Todo ello, más el alcance extraterritorial de la Ley Helms Burton, ensanchó el enmarañado soporte legal destinado a estorbar las posibilidades de las empresas cubanas de sostener nexos mutuamente ventajosos con contrapartes foráneas.
El Informe anual sobre los daños sufridos por Cuba a causa del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace casi seis décadas aportó profusas precisiones.
Numerosas empresas de terceros países tradicionalmente exportadoras de productos y materiales esenciales para la economía cubana desechan actuar como proveedores o encuentran dificultades suplementarias para confirmar el financiamiento necesario con vistas a respaldar ventas a La Habana.
El informe presentado a la Asamblea General de la ONU manifiesta que el costo de ese efecto extraterritorial es de decenas de millones de dólares e implica atrasos de suministros, carencia de materias primas y severos daños a la producción fabril cubana.
Por ejemplo, la empresa japonesa Panasonic suspendió meses atrás sus relaciones con un abastecedor canadiense ante alegadas dudas sobre la presencia de cobalto cubano, material necesario para fabricar baterías destinadas a los autos.
O sea, parte de la comunidad empresarial internacional desiste, toma precauciones y se expone a riesgos notables en relación con sus vínculos con la mayor de las Antillas.
Se trata de una entre muchísimas razones para que Cuba vuelva a presentar a la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución para instar a Washington a eliminar el bloqueo.
El próximo 31 de octubre debe someterse a votación la iniciativa y se espera un rotundo respaldo porque el bloqueo no solo afecta a Cuba sino los intereses de la comunidad internacional.