por Las Fuerzas Armadas y la Policía precipitaron el derrocamiento de Evo, con el pedido de su renuncia para supuestamente pacificar al país, pero permanecen mayormente acuarteladas, en un dejar hacer a los grupos paramilitares de la extrema derecha, que desde las elecciones del 20 de octubre se lanzaron a la asonada, con un revanchismo violento y persecutorio contra los representantes del poder derrocado, informó la emisora Radio Rebelde.
El líder empresarial ultraderechista y promotor del golpe de Estado, Luis Fernando Camacho, advirtió en las últimas horas que impulsará procesos penales contra Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, todos los ministros y la dirigencia del partido Movimiento al Socialismo (MAS).
Según Camacho, no es odio ni revanchismo, sino justicia divina, cuando se trata en realidad de una persecución en nombre de Dios, con un fanatismo que impulsa a las hordas ultraderechistas a lanzarse al ataque contra los seguidores del proceso de cambio impulsado por Morales.
El mismo Camacho aseguró ayer que había una orden de detención contra Morales, pero el alto mando policial lo negó, al tiempo que dijo desconocer el paradero del ex presidente.
El periodista y analista Jorge Zambrano consideró que no hay ningún fundamento constitucional para apresar a Morales, como reclamó Camacho, pero alertó que la extrema derecha no se contenta con nada y la vida del exmandatario está en peligro.
Camacho llamó a sus hordas fascistas a continuar las movilizaciones y bloqueos en el país hasta que se logre conformar un Gobierno transitorio y se establezcan fechas para las nuevas elecciones.
Entre tanto, por su cuenta en la red social Twitter, Morales exigió hoy a Camacho y al ex candidato presidencial derechista, Carlos Mesa, que asuman la responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia, al tiempo que los acusó de ser discriminadores y conspiradores, que pasarán a la historia como racistas y golpistas.
Morales también denunció las acciones violentas y de racismo que han desatado grupos de choque de la ultraderecha, y previno que se pretende responsabilizar a los seguidores del mandatario como culpables del caos.
México ya ofreció asilo a Evo si lo pide, mientras que la embajada azteca en La Paz ya acoge a 20 personalidades del Ejecutivo y Legislativo de aquel país.
Además, el gobierno mexicano solicitó hoy una reunión urgente de la OEA para la defensa de la democracia y las libertades en Bolivia, según anunció el canciller, Marcelo Ebrard, quien reiteró que lo ocurrido fue un golpe de Estado y criticó al organismo regional por haber guardado silencio ante la gravedad de los acontecimientos en la nación andina.
Veinte y cuatro horas después de que se consumara la asonada, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, emitió hoy un comunicado, en el que rechaza cualquier salida inconstitucional, llama a la pacificación y al respeto al estado de derecho en el país andino, y convoca al parlamento a reunirse para asegurar el funcionamiento institucional.
El vacío de poder que siguió al golpe de Estado contra Evo Morales se mantiene, después de la renuncia sucesiva de los tres primeros en la línea de sucesión constitucional, pertenecientes al partido gubernamental, el vicepresidente Álvaro García, la líder del senado, Adriana Salvatierra y el máximo dirigente de la Cámara de Diputados, Rubén Medinaceli.
La segunda vicepresidenta del senado y parlamentaria opositora, Jeanine Añez, ya declaró que asumirá la Presidencia, al saltar al primer lugar en la línea de sucesión.
Pero Añez necesita la aprobación de los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, que tienen la mayoría en las dos cámaras de la asamblea nacional.
Es una situación sin precedentes en la que el partido derrocado tiene la clave de la solución institucional, porque otra vía de sucesión sería simplemente inconstitucional.
Pero la vicepresidenta del senado y ahora primera en la línea de sucesión presidencial admitió que su asunción no dependía solo de un acuerdo parlamentario, sino de la posición del movimiento opositor detrás del golpe, encabezado por el líder ultraderechista Luis Fernando Camacho.
Al celebrar el derrocamiento del mandatario, Camacho demandó la renuncia de toda la cadena de sucesión presidencial, para dar paso a una Junta Provisional de Gobierno, que convocaría a nuevas elecciones.
Al tiempo que se extiende el repudio internacional al golpe de Estado, reportes de última hora informan de choques entre la policía y seguidores de Evo Morales en varias partes del país, particularmente en la ciudad de El Alto, vecina a la capital, La Paz.