por Los estados partes y asociados del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o los 120 miembros de los Países No Alineados (NOAL), son solo algunos ejemplos de quienes han demostrado la solidaridad con Cuba al rechazar las medidas unilaterales y extraterritoriales que están en contra de las normas del derecho internacional.
Han reconocido que estas medidas de mal llamado “embargo” están en contra de los principios de la Carta de la Naciones Unidas. Han considerado que el bloqueo frustra el proceso para que los estados puedan lograr los objetivos de Desarrollo del Milenio y ha afectado todos los sectores cruciales de la economía, vitales para el desarrollo de la sociedad cubana, como la educación, la salud y el turismo.
Esta imposición que persiste contra Cuba impide el desarrollo económico de la nación isleña y niega el acceso de los mercados de Cuba a varias instituciones internacionales.
El pasado año 2011, 186 estados miembros de la Asamblea de la ONU, de los 193 que la componen, solicitaron la eliminación del bloqueo, al valorar el impacto negativo que tiene no solamente para el país, sino también para terceros países interesados en favorecer el diálogo económico.
El apoyo internacional prácticamente unánime a la Resolución Necesidad de Poner Fin el Bloqueo Económico, Comercial y Financiero impuesto a Cuba, presentada por el país por vez primera en noviembre de 1992, y el énfasis en el carácter violatorio y genocida de esta ley ha sido más que suficiente para demostrar que la política exterior estadounidense pierde su hegemonía cada vez más.