por Desde luego que no está pidiendo, digamos, que dediquen cintillos o noticias al genuino ejercicio de democracia que por estos días desarrollamos los cubanos al someter a consulta el Proyecto de Reforma Constitucional aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y cuyas propuestas de los debates de los vecinos en los barrios, los centros laborales, estudiantiles e instituciones todas, serán evaluadas para posteriormente aprobarlas en un referendo nacional.
No señor, el flamante personaje ha tenido la genial idea de establecer una línea telefónica con Radio y TV para que los cubanos denunciemos las violaciones de los derechos humanos en la Isla, ya que últimamente la prensa cuestionada por ellos solo se ocupa de Venezuela y Nicaragua.
El señor Regalado, que así se apellida el citado director de la OCB, se queja de que “Cuba siga siendo una noticia repetida que la gente ya no quiere ver”. Y luego confiesa que los citados medios de comunicación a los que enjuicia “se hacen de la vista gorda” porque parece que él no se ha percatado que las mentiras y las tergiversaciones que se propalan acerca de la sociedad cubana ya nadie se las cree.
No obstante, defendiendo a capa y espada su salario, ha querido darnos una nueva buena, al prometer que dentro de poco tiempo la Radio y la TV Martí podrán escucharse y verse limpiamente en Cuba mediante una tecnología que no quiso revelar pero que asegura que no podrá ser bloqueada.
Como se sabe, desde 1985 Radio Martí comenzó sus transmisiones contrarrevolucionarias para la Isla, violando los convenios internacionales sobre radiodifusión, al ser financiada por el Gobierno de los Estados Unidos y posteriormente en los años ‘90 le siguió TV Martí y en la era digital apareció el correspondiente portal.
Lo “lamentable” de todos estos esfuerzos desestabilizadores de propaganda subversiva contra nuestro país es que ni Radio Martí ni la TV de tan irrespetuoso nombre, nunca se han oído ni visto en Cuba, a pesar de la sofisticada tecnología utilizada, que incluyó un avión retransmisor en la Florida.
Estos desvelos baldíos de la OCB, que ahora unen a la ONG Freedom House, defensora “selectiva” de los derechos humanos están respaldados por los 28 millones de dólares asignados por el Congreso estadounidense del presupuesto nacional que se los esquilman a los contribuyentes.