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El 23 de octubre último se cumplieron 31 años de que fuera sancionada en el Congreso estadounidense la Ley Torricelli, promulgada por el expresidente George Bush (padre), y una de las expresiones más acabadas de la línea agresiva del imperio contra Cuba, al articular toda una retórica eufemística que enarboló conceptos como democracia, derechos humanos, economía de mercado, y, por supuesto, un reforzamiento del bloqueo económico impuesto al país desde inicios de la Revolución.
Uno de los sectores cubanos en los que se aplicó de manera estricta fue el de las telecomunicaciones. En enero de 1959, todo el equipamiento y los cables telefónicos eran de fabricación norteamericana, y nunca permitieron que se compraran piezas de repuesto o centrales nuevas. Lo mismo ocurrió con los equipos transmisores de las señales de radio y televisión.
Las transmisiones ilegales de radio contra Cuba se iniciaron en 1959, y persisten a la actualidad. En este periodo han transmitido contra nuestro país más de 120 emisoras desde territorio estadounidense y desde otras naciones, patrocinadas por el Gobierno estadounidense, y 43 organizaciones contrarrevolucionarias.
En 1990 comenzó la agresión televisiva desde un globo aerostático, y posteriormente desde aviones militares. El despliegue de aviones para las trasmisiones ilegales constituyó una de las acciones más provocativas y peligrosas emprendidas por el Gobierno de EE. UU. Una medida como esa solo se ha adoptado durante situaciones de guerra, como en Vietnam e Irak, y significa una clara violación de la soberanía cubana.
Muchas personas desconocen que entre Cuba y Estados Unidos se tendieron siete cables telefónicos con el fin de propiciar las comunicaciones entre ambos países. Tampoco se ha divulgado en la gran prensa internacional que, a partir de 1959, este servicio por cable fue bloqueado y no precisamente por el Gobierno cubano, hasta el punto en que, en 1986, se interrumpió definitivamente. Ha sido una práctica evitar que Cuba se conecte a los cables submarinos de fibra óptica que pasan cerca de la Isla, algunos a poco más de 30 kilómetros.
Por muchos años, la Mayor de las Antillas ha tenido que hacer las conexiones de internet por satélites, que no solo son más costosas, sino que son de banda menos ancha, haciendo las conexiones más lentas.
En el año 2000, las comunicaciones directas con Estados Unidos, que representaban en ese momento alrededor del 70 % del tráfico internacional de Cuba, se interrumpieron por espacio de casi 15 años, como consecuencia del saqueo de los activos cubanos bloqueados en bancos de ese país desde 1966 –casi 200 millones de dólares–, provenientes del servicio telefónico entre los dos países. La Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) tuvo que evacuar ese tráfico con operadores de terceros países, con significativas pérdidas y dificultades.
LA ERA BIDEN
Desde que llegó a la Casa Blanca, en enero de 2021, Joe Biden ha dado continuidad a la política agresiva desarrollada por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra Cuba, con el empleo de un carril que pretende destruir a la Revolución Cubana mediante un bloqueo económico todavía más férreo si fuera posible, las presiones y amenazas desde el exterior y un carril dos que hoy toma una mayor fuerza con el objetivo, como dijera el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el 26 de julio de 1995, «de penetrarnos, reblandecernos, crear todo tipo de organizaciones contrarrevolucionarias y desestabilizar el país cualesquiera que sean las consecuencias».
El actual Gobierno yanqui ha proseguido la persecución y presión a las empresas que venden equipos de telecomunicaciones a Cuba. No se pueden adquirir aquellos que contengan más del 10 % de componentes estadounidenses.
Lo anterior imposibilita el acceso a marcas y equipamientos de altas prestaciones y a líderes en el mercado de las telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que son distribuidos o cuentan con patentes de entidades norteamericanas, entre ellos teléfonos fijos, móviles, antenas, sistemas informáticos y otros.
Por ello, estos recursos se adquieren con empresas ubicadas muy distantes de nuestro país, a un costo mayor, y tiene un efecto negativo en las inversiones de Etecsa, sus usuarios y el resto de los sectores de la nación.
En este contexto, los cubanos tienen prohibido el acceso a determinadas plataformas y tecnologías indispensables para la labor de capacitación, producción de contenidos y desarrollo de productos y servicios en la Isla.
Los perjuicios económicos de la política de bloqueo al sector cubano de las telecomunicaciones en los últimos diez años supera los 500 millones de dólares. Solo entre marzo de 2022 y febrero de 2023 se estiman en 40 901 400 dólares.
Ante estas acciones, que constituyen una prolongación en el bloqueo impuesto contra Cuba, la nación está en la obligación y el derecho de denunciar esta política en el marco de diversos escenarios multilaterales y en el orden bilateral, y emprender acciones político-diplomáticas con ese fin. El 1ro. y 2 de noviembre próximo, el mundo dirá, una vez más, No al criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.
