por Nacida en plena Guerra Fría durante la administración de Lyndon B. Johnson, la ley otorga potestad al Fiscal General para, a su discreción, otorgar residencia permanente en los Estados Unidos a los cubanos que entren a territorio estadounidense «bajo palabra» (parole).
Ese trato preferencial, que el sistema migratorio estadounidense no otorga a ninguna otra nacionalidad, en realidad busca estimular la emigración ilegal con objetivos desestabilizadores y constituye un complemento de la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero.
Resulta difícil calcular la cantidad de cubanos que pueden haber fallecido en las aguas del Estrecho de la Florida o utilizando otras rutas a lo largo del último medio siglo.
A la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano se sumó desde 1995 un enfoque aún más criminal conocido como «pies secos-pies mojados».
Según esa política, quienes toquen tierra estadounidense tienen derecho a quedarse, pero los interceptados en el mar son devueltos a Cuba.
La decisión de Washington de utilizar el flujo natural de personas entre los dos países como un arma de ataque contra la Revolución ha tenido momentos álgidos en el pasado, desde Camarioca en 1965 hasta la crisis de los balseros en 1994, pasando por Mariel en 1980.
Los acuerdos migratorios que se mantienen en vigor entre Cuba y Estados Unidos fueron firmados tras las últimas dos crisis migratorias. En ellos las dos partes se comprometen a trabajar por una migración «legal, ordenada y segura».
Sin embargo, la Ley de Ajuste Cubano y la política de «pies secos-pies mojados» contradicen la letra y el espíritu de esos acuerdos y constituyen el principal estímulo a la emigración ilegal, el tráfico de personas, la entrada irregular a Estados Unidos de ciudadanos cubanos a través de terceros países y el fraude de documentos migratorios, como señalan constantemente las autoridades cubanas.
Al igual que la permanencia del bloqueo, las políticas y legislaciones migratorias de Estados Unidos respecto a Cuba son manifestaciones del pasado de agresión que ambos países se proponen superar desde el 17 de diciembre del 2014. Pero que dos años después de los históricos anuncios de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama, nada ha cambiado.
Según los expertos, la política de pies secos-pies mojados depende por entero del presidente y su eliminación no conllevaría ningún trámite en el Congreso.
Además, el mandatario conserva un margen de acción sobre la forma de interpretar la Ley de Ajuste Cubano, cuya derogación sí está en manos de los legisladores.
Un problema regional
Cada vez resulta más evidente que la política migratoria selectiva que aplica Washington no solo afecta a Cuba.
El Programa Parole para Profesionales Médicos, en vigor desde hace una década, busca promover las deserciones de los colaboradores cubanos en detrimento de los países donde estos prestan vitales servicios, al tiempo que roba talentos formados por la Revolución en las más difíciles condiciones.
América Latina también ha comenzado a sentir los efectos directamente. Un número creciente de cubanos utiliza complicadas rutas por tierra, desde Sudamérica hasta la frontera entre México y Estados Unidos, para acogerse a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano.
En el camino, quedan expuestos a los coyotes y bandas criminales que lucran con el tráfico de personas y se pone en riesgo incluso la vida de menores de edad.
Recientemente, cancilleres de nueve países de la región enviaron una carta al secretario de Estado, John Kerry, para que la Casa Blanca interviniera en el asunto.
«La Ley Pública 89-732 de 1966 conocida como «Ley de Ajuste Cubano» y la política llamada comúnmente «pies secos, pies mojados» se han constituido, en este contexto, en un estímulo al flujo desordenado, irregular e inseguro de ciudadanos cubanos que arriesgando sus vidas, transitan por nuestros países con el propósito de llegar a cualquiera de los puntos fronterizos estadounidenses», indica la misiva firmada por los cancilleres de Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
A juicio de los cancilleres, la revisión de esa política sería un primer paso para detener el «agravamiento de esta compleja situación y parte de una solución definitiva para asegurar una migración ordenada y regular en nuestra región».
Sin embargo, Estados Unidos hizo oídos sordos una vez más y los voceros del departamento de Estado y la Casa Blanca fueron enfáticos en que no se estaban manejando cambios.
A pesar de las medidas tomadas por los países implicados, con la colaboración de Cuba, el flujo de cubanos que utilizan la vía terrestre para alcanzar los Estados Unidos no se detiene.
Según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, más de 46 000 cubanos entraron a territorio estadounidense vía México en los primeros diez meses del actual año fiscal.
Intenciones muy distintas
Hay quienes están abogando por cambiar la Ley de Ajuste Cubano pero con motivos muy distintos a los que defienden Cuba, la comunidad internacional, y algunos sectores dentro de Estados Unidos.
Los mismos que por décadas han sido los principales promotores en el Congreso de la agresión contra su país de origen y hoy son los defensores de las políticas del pasado, han comenzado a pronunciarse por introducir cambios en el campo migratorio.
«En esencia, nuestra ley trata a todos los cubanos categóricamente como si fueran refugiados, puedan probarlo o no», dijo el legislador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, en un discurso en el Senado.
«Es difícil justificar el estatus de refugiados de algunos cuando luego de llegar a Estados Unidos viajan al lugar del que dicen que huyeron unas diez, 15, 20, 30 veces al año», añadió.
Esa misma idea es defendida por la congresista Ileana Ros Lehtinen. «Aquellos que desean regresar a Cuba deben de usar el proceso migratorio normal y no la Ley de Ajuste Cubano», dijo hace poco en declaraciones a la prensa.
Desde el Senado, Rubio apoya un proyecto de ley similar al presentado en la Cámara de Representantes por Carlos Curbelo, también de origen cubano.
Según ambos, el objetivo no es eliminar la legislación actual, sino obligar a los cubanos a que demuestren que realmente son «perseguidos políticos» para acceder a los beneficios otorgados por Estados Unidos.
En otras palabras, Rubio y Curbelo pretenden fortalecer el objetivo inicial de la ley y promover acciones contra el Estado cubano como aval de los posibles migrantes para obtener el asilo. Además, pretenden chantajear a los emigrados que quieren mantener los contactos con su país natal y familiares.
La comunidad cubana
La migración cubana hacia Estados Unidos no es un fenómeno reciente. Ya en el siglo XIX había una presencia considerable en ciudades como Nueva York, Cayo Hueso y Tampa.
La migración tiene incluso un papel vital en la historia a partir de su apoyo a las luchas independentistas.
El triunfo de la Revolución marcó una nueva etapa en ese proceso, signado por la confrontación bilateral. Pero hay enormes diferencias entre las primeras oleadas migratorias de la alta burguesía o los sectores más cercanos a la dictadura de Batista, a la migración actual.
Según coinciden los especialistas, el flujo actual tiene las mismas motivaciones que la del resto de la región y está marcado por las desigualdades económicas entre el norte y el sur.
En el caso de Estados Unidos, son visibles los cambios demográficos y políticos que ha sufrido la comunidad cubana en las últimas décadas y que se han expresado con mayor fuerza después del 17 de diciembre del 2014.
Los estudios y encuestas evidencian un apoyo mayoritario a la normalización de las relaciones entre los dos países y al fin del bloqueo, por primera vez en la historia.
En un hecho sin precedentes, el 74,4 por ciento de los cubanoamericanos que viven en el condado de Miami Dade opinó que el bloqueo no ha funcionado «para nada» o «no muy bien», mientras el 54,3 por ciento apoyó su eliminación, según la última encuesta de la Universidad Internacional de la Florida.
Son los más jóvenes y aquellos que han llegado recientemente, formados en su mayoría en las difíciles condiciones del Periodo Especial, los que están más convencidos de que el bloqueo es un fracaso y apuestan por una mejoría en las relaciones entre los dos países.
Por ejemplo, el 93 por ciento de quienes arribaron a Estados Unidos después de 1995 y el 87 por ciento de los jóvenes entre 18 y 39 años favorecen la eliminación de todas las restricciones de viaje a su país natal.
Cuba emprendió ambiciosos cambios en el año 2013 en su política migratoria para facilitar los trámites asociados a los viajes, al tiempo que se promueven formas ordenadas y seguras de movilidad. En cambio, Estados Unidos continúa anclado a leyes y políticas que vienen de la Guerra Fría.