Según los críticos, la aplicación de esta normativa tendrá consecuencias marcadas, en referencia a la libertad de expresión en Internet.
La ley está planificada para que se cumplan los límites a la libertad de expresión existentes en Alemania, que incluyen la prohibición de negar el Holocausto.
Asimismo obliga a redes sociales como Facebook y Twitter y plataformas como YouTube a eliminar “contenidos manifiestamente delictivos” en un plazo de 24 horas una vez que son denunciados. En casos considerados menos flagrantes, el margen para borrarlos se amplía hasta siete días y estipula una multa de hasta 50 millones de euros (unos 56 millones de dólares) si no se eliminan en el lapso de una semana, incluyendo información falsa o difamatoria.
Los contenidos eliminados deben ser, al mismo tiempo conservados a modo de prueba de su contenido delictivo, subraya la ley, que además obliga a las empresas a informar trimestralmente sobre su gestión de las denuncias que hayan colocado los usuarios.
Se establece que los administradores de las plataformas cuenten con un procedimiento eficaz y transparente en materia de gestión de denuncias, identificable, de fácil acceso y siempre disponible para el usuario.
El ministro de Justicia, Heiko Maas, indicó que los medios de comunicación no han podido evitar la utilización de sus plataformas para publicar «opiniones incendiarias e información falsa».
Subrayó que con esta normativa se acaba con la “ley verbal del más fuerte” en las redes sociales y agregó que, lejos de atentar contra la libertad de opinión, constituye una de las condiciones para poder ejercerla.
Por su parte, especialistas en derechos humanos y compañías de internet señalaron que la nueva normativa podría privatizar el proceso de censura y afectar la libertad de expresión.
Tomado de Telesur y Andes/La Radio del Sur / Editora: Carmen Torres Laffita