por En medio de una turba de policías y militares fuertemente armados llegaron los acusados. Sumaban casi los cien. Estaban esposados y a punta de cañón. En el Pleno de la Audiencia del Palacio de Justicia había, además, casi 200 personas.
Personalidades de los distintos partidos políticos opositores (Auténtico, Ortodoxo y Socialista Popular), familiares de los acusados, una veintena de letrados y similar cantidad de periodistas.
No todos los acusados eran moncadistas. Muchos guardaban prisión preventiva hacía varios días, después de sufrir toda clase de vejámenes y maltratos en los calabozos de los cuerpos represivos.
El grupo más pequeño, los asaltantes, estaban gallardamente firmes, dispuestos a aceptar con orgullo su participación en la acción. El principal encartado, Fidel Castro Ruz, protestó al tribunal:
¡Señor presidente, señores magistrados, quiero llamarles la atención sobre un hecho insólito!… ¿Qué garantías puede haber en este juicio?, ni a los peores criminales se les mantiene en una Sala que pretenda ser de justicia en estas condiciones, no se puede juzgar a nadie así esposado…
El Colegio de Abogados de La Habana había asignado al competente y valeroso abogado, doctor Jorge Pagliery para representar a Fidel. Ante la imposibilidad de trabajar juntos en período previo al juicio -mediante un encuentro y en presencia de un Sargento de la Inteligencia Militar-, se decide que Castro, en calidad de abogado, asumiese su propia defensa.
Fidel abandonó el banquillo de los acusados y ocupó el de los defensores. Vestido con una toga de jurista comenzó a combatir las cobardes mentiras lanzadas contra los combatientes.
En sus declaraciones precisaba cifras y datos, irrebatibles, de la organización del asalto. Los acusadores, señalaban a Carlos Prío Socarrás, antiguo presidente de la República, y a su «lugarteniente» Ramiro Arango Alsina como los gestores del asalto de aquel 26 de Julio de 1953.
Las manos de los acusados habían sido liberadas. La sala estaba llena de bayonetas caldas y ametralladoras y se contaban en cientos.
Pero la razón a esto no teme. Fidel protestó de manera enérgica diciendo: “Nadie debe preocuparse de que lo acusen de ser autor intelectual de la Revolución, porque el único autor intelectual del asalto al Moncada es José Martí, el Apóstol de nuestra independencia”.
Las mentiras enfundadas iban surgiendo y a ellas, se sumaba la denuncia de los asesinatos y maltratos sufridos por los moncadistas. Ahora los acusados eran los acusadores del régimen militar de Fulgencio Batista.
Un día después, el martes 22 de septiembre durante la segunda sesión, se mencionaron los asesinatos cometidos en Manzanillo por el capitán jefe del puesto militar de aquella zona.
En tal punto, el gobierno batistiano estaba quedando en la mira de la justicia y aún faltaban por declarar trescientas personas.
Ante ello, intentaron detener al joven líder. A su celda de la prisión de Boniato, llegaron dos médicos, emisarios del poder militar.
Su exigencia, hecha con mucha educación, pretendía que Fidel firmase un papel donde constara su incapacidad de seguir asistiendo al juicio por razones de salud.
La respuesta fue evidente, pero un documento, falsamente, firmado llegó. Adolfo Nieto Piñeiro-Osorio, Presidente del Tribunal, anunció, en la tercera sesión del juicio el día 26, el impedimento de que Castro asistiese a la audiencia pero razones de salud, y citaba un informe médico de la prisión.
De manera abrumadora, se levantó Melba Hernández, de su asiento, empuñando una carta entregada por el propio Fidel donde desmentía tal falsedad. En ella rezaba una frase de Martí: “Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército”.
Las represalias tomadas aislaron a Melba, y Fidel fue puesto en un rincón apartado de la cárcel, sin la posibilidad de recibir visitas, documentos sobre derecho penal ni libros de José Martí.
El juicio continuó sin su principal acusado y la misma falta de legalidad que tenía el gobierno de Batista desde el 10 de marzo de 1952.
Sin embargo, el líder revolucionario no estaba solo en el juicio. Los combatientes, los asaltantes, los luchadores por la Patria, no cejaron en su empeño: «Sí, vinimos a combatir por la libertad de Cuba y no nos arrepentimos de haberlo hecho».
A la entonces Isla de Pinos fueron enviados aquellos jóvenes del Centenario, lejos de la sociedad, desterrados de su tierra, al cautiverio, con solo el amor a Cuba y a su Patria en el corazón.
Fidel Castro fue juzgado en sigilo. En un local de estudio de la Escuela de Enfermeras del antiguo Hospital Saturnino Lora, el fiscal leyó: «Se impondrá una sanción de privación de libertad de tres a diez años al autor de un hecho dirigido a promover un alzamiento de gentes armadas contra los Poderes Constitucionales del Estado. La sanción será de privación de libertad de cinco a veinte años si se llevase a efecto la insurrección».
Y fue allí, un 16 de octubre de 1956, donde Fidel pronunció su alegato, la pieza oratoria más trascendental del siglo XX cubano: La Historia me Absolverá, que luego reconstruirá en el Presidio Modelo de Isla de Pinos y que luego publicara clandestinamente, en 1954 con la ayuda de Melba Hernández y Haydée Santamaría.
Tales palabras, devenidas Programa de la Revolución próxima a triunfar, terminaban así:
“No temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida de 70 hermanos míos. Condenadme, no importa. La Historia me Absolverá”.
