por Después del rechazo al anterior acuerdo en el Plebiscito del 2 de octubre pasado -donde el No sobresalió con un 50.23 por ciento de los votos frente al 49.76 por ciento obtenido por el Sí-, la nueva propuesta busca la inclusión y la voluntad de lograr la paz.
La situación creada posteriormente a los resultados de la consulta popular puso en peligro 5 años de trabajo realizado por ambas partes en La Habana.
Las 500 propuestas alineadas en 57 ejes temáticos resultantes del referendo popular fueron tenidas en cuenta para el nuevo acuerdo, y «todos, absolutamente todos, fueron discutidos a profundidad con las FARC-EP y defendidos por la delegación del gobierno con lealtad y fidelidad a lo expresado por los diferentes sectores sociales”, afirmó el presidente Juan Manuel Santos.
Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, subrayó que este acuerdo es mejor que el precedente por la solución que le da a puntos criticados, y dijo: «el acuerdo anterior era el mejor posible, aunque era también susceptible de críticas (…) Hoy, con humildad reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas de esas críticas e insatisfacciones. Su aceptación no va a ser unánime. Como tampoco lo fue en el primer acuerdo. Pero esperamos que la base de apoyo que recoja lo haga más sólido».
Por su parte, Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC-EP en las conversaciones de La Habana, comentó que el resultado del plebiscito del 2 de octubre, donde se impuso el No a los acuerdos de la paz, puso en serio riesgo 5 años de esfuerzos en la búsqueda de la reconciliación, pero la paz siguió su marcha irrefrenable.
Desde ese momento, el Gobierno aceleró las reuniones con la oposición y con las víctimas, las que dieron algunas propuestas para modificar el acuerdo firmado el 26 de septiembre último. Estas propuestas fueron llevadas a la mesa de diálogo en Cuba. Aunque se esperan las reacciones del expresidente Álvaro Uribe, principal artífice de la opción por el No, ya se conocen algunos de los cambios refrendados en el nuevo documento:
- Se precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad.
- Los comandantes guerrilleros podrán hacer política. Pero pierden privilegios respecto al anterior acuerdo: se reduce el 30 por ciento de la financiación de su futuro partido político y ya no tendrán derecho a los 16 curules (diputados) transitorias en la cámara de representantes.
- Se establece un límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz (funcionará hasta por 10 años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros) y se eliminan los jueces extranjeros con capacidad de decisión, aunque la Corte Penal Internacional permanecerá alerta por si hubiera alguna irregularidad grave.
- Se fijaron los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones con un tamaño máximo a las zonas veredales, los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, la precisión del lugar de residencia, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas, requisito necesario en todos los casos.
- Reparaciones a las víctimas Por primera vez se estipula que las FARC tendrán que hacer un «inventario de bienes y activos» que se utilizarán para reparaciones, bajo el riesgo de perder el tratamiento especial de justicia si los guerrilleros esconden sus propiedades (ya sea dinero, tierras, inversiones…).
- Sobre la conexidad del narcotráfico con el delito político, el acuerdo es que los Magistrados tendrán en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas.
- Fuerzas del Estado. Los militares y policías no serán juzgados con más severidad que los guerrilleros. «Para las FARC, amnistías; para los miembros de la Fuerza Pública, renuncia a la acción penal», ha declarado el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
- Conflicto de Género. Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno e incluye también un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, pertenencia a la población LGBTI tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. Además reconoce que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos.
- Reforma rural y propiedad privada. Se estipula, que «nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada».
El conflicto armado en Colombia ha ocasionado la muerte de más de 200 mil personas y enormes daños a la sociedad y economía de ese país sudamericano, que apuesta seguro por la construcción de un escenario de paz y reconciliación nacional.