La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado dijo que está buscando propuestas que “fortalezcan la capacidad de los grupos independientes de la sociedad civil en Cuba para promover los derechos civiles y políticos en la isla y aumentar la rendición de cuenta de funcionarios cubanos por violaciones de derechos humanos y corrupción, de acuerdo con una publicación del blog de investigación del periodista Tracey Eaton.
El texto invoca el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional del 16 de junio de 2017 titulado «Fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba», el cual dio luz verde a programas que tienen como objetivo fortalecer las capacidades de la sociedad civil independiente en la isla para promover las libertades fundamentales y los intereses de todas las personas.
De manera contradictoria, en ese sentido el llamado declara que no serán aceptados proyectos que promuevan ayuda humanitaria a Cuba o aquellos que sean impulsados por personas contratadas por el gobierno cubano.
La solicitud de proyectos del Departamento de Estado se publicó el 24 de noviembre, a medida que crecía el interés por el llamado movimiento San Isidro, y tiene como fecha de vencimiento el próximo 21 de diciembre.
Eaton se pregunta en su texto si los funcionarios estadounidenses están buscando formas de capitalizar el furor que han generado en la prensa internacional estos sucesos.
Recientemente, el gobierno cubano presentó pruebas que conectan a integrantes de ese grupo disidente con funcionarios de la embajada de Washington en La Habana y con personas vinculadas al terrorismo contra Cuba radicadas en Miami.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional había gastado casi 39 millones de dólares en proyectos de Cuba desde que Donald Trump asumió el cargo, y el Fondo Nacional para la Democracia había gastado alrededor de 11 millones.