por Así lo afirmó la canciller canadiense Chrystia Freeland, quien se reunió el pasado miércoles con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, al margen de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Washington.
«La ministra indicó que el Gobierno de Canadá defenderá los intereses de los canadienses que realicen negocios e inversiones legítimas con Cuba, si Estados Unidos aplica el Título III de la Ley Helms-Burton”, refiere un comunicado emitido en Ottawa.
Canciller @cafreeland indicó a @SecPompeo el 3 abril, que Gobierno de #Canadá defenderá los intereses de los canadienses que realizan negocios e inversiones legítimas en #Cuba, si #EEUU aplica el Título III de la Ley Helms-Burton @BrunoRguezP @CubaMINREX https://t.co/w6Sq96nCkQ pic.twitter.com/BigGNw0cdc
— Josefina Vidal (@JosefinaVidalF) 4 de abril de 2019
Países como Canadá, México y los miembros de la Unión Europea se enfrentaron al gobierno de William Clinton en 1996 para evitar la activación del Título III de la Helms-Burton, una ley diseñada para fortalecer el bloqueo contra la mayor de las Antillas y frenar las crecientes inversiones extranjeras en la Isla tras la caída del campo socialista.
Washington recibió incluso una demanda ante la Organización Mundial del Comercio y el litigio concluyó con el compromiso de mantener el Título III suspendido a cambio de retirar la querella.
Todos los presidentes estadounidenses han utilizado desde entonces su facultad para vetar la posibilidad de efectuar demandas a compañías que «trafiquen» con propiedades nacionalizadas tras la Revolución, la posibilidad que abriría el polémico Título III de la Ley.
Sin embargo, la administración Trump abrió en marzo pasado por primera vez en la historia la posibilidad de entablar demandas contra 205 empresas cubanas incluidas en una lista unilateral de sanciones económicas ( Lista de Entidades Cubanas Restringidas).
Como método de presión, Washington también acortó una vez más este miércoles a dos semanas la suspensión del Título III, que gobernantes anteriores aplazaron por períodos consecutivos de seis meses.