Cuba repudia demandas norteamericanas al amparo de la Ley Helms-Burton

En su cuenta de la red social Twitter, Rodríguez Parrilla condenó la medida del Departamento de Estado contra compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por la actual administración en la Casa Blanca, la cual calificó de inaceptable amenaza al mundo.

A partir del 19 de marzo, se levantará la suspensión de la posibilidad de presentar demandas en tribunales norteamericanos contra decenas de entidades cubanas incluidas en una lista unilateral del Departamento de Estado, por supuestos vínculos con la defensa y la seguridad nacional.

El Título III de la Ley Helms-Burton, en vigor desde 1996, permite a cualquier ciudadano o empresa estadounidense presentar demandas ante tribunales del país norteño para reclamar compensación por propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución del 1 de enero de 1959.

Los presidentes de Estados Unidos habían suspendido de manera consecutiva la aplicación del mismo por seis meses, pero en enero pasado, Donald Trump anunció que lo haría por solo 45 días a partir del 1 de febrero, una postura denunciada en la mayor de las Antillas como un chantaje y parte del empeño en recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero.

A partir del 19 de marzo la suspensión de la posibilidad de entablar demandas legales no se aplicará en el caso de las «entidades y subentidades» incluidas en la lista unilateral del Departamento de Estado de empresas que supuestamente están vinculadas a la defensa y el sector de la seguridad nacional.

Esa relación de empresas fue dada a conocer el 8 de noviembre de 2017 como parte de las medidas de la administración de Donald Trump para limitar más el comercio con Cuba y los viajes de los norteamericanos, e impide a los ciudadanos de este país hacer transacciones financieras directas con las entidades incluidas. Ha sido actualizada desde entonces para incluir nuevas empresas, sobre todo hoteles y otras entidades del turismo.

Cuba califica de arbitrario el listado, que incluye desde los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior, y la Policía Nacional Revolucionaria, hasta empresas, sociedades anónimas, la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y las terminales de contenedores de Mariel y La Habana.

«Continuaremos estudiando el impacto de la suspensión» del Título III, refiere el comunicado del Departamento de Estado, mediante el cual se notifica al Congreso la disposición de dar otros 30 días de plazo a la aplicación total de la medida.

Si bien el Título III entró en vigor en 1996, año en que el gobierno de William Clinton firmó la ley, todos los gobernantes norteamericanos han vetado la posibilidad de efectuar demandas a compañías que «trafiquen» con propiedades nacionalizadas tras la Revolución.

Esta es la primera vez desde entonces que se abre la puerta a demandas al amparo del título III de la Helms-Burton.

Fuentes: Radio Habana Cuba, Cubadebate, PL, Twitter / Editor: Conrado Vives Anias

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