por Señaló que en una de las reuniones de la Comisión del Buró Político para el control de la ejecución de la actualización del modelo económico, se analizaron críticamente las 100 políticas aprobadas, las cuales se dividieron en tres grupos: las que habían cumplido los objetivos planteados, las que lo hicieron parcialmente y las que mostraron mayores problemáticas y no habían alcanzado los propósitos.
Rememoró que durante la celebración el pasado miércoles del IV Pleno del Comité Central, fue indicado por el General de Ejército discutir, en el primer trimestre del 2018, en el Pleno del Comité Central, ese informe en profundidad, pues se trata de un balance, política a política, de los resultados.
De la discusión de ese informe se aprobaron ocho prioridades, apuntó. De ellas destacó: acabar de resolver el ordenamiento monetario, en el entendido de la unificación monetaria y cambiaria; terminar la elaboración del Plan de Desarrollo a largo plazo; garantizar el desarrollo de la empresa estatal socialista como forma primordial de la economía y lograr mayores incrementos de la inversión extranjera dentro del proceso de desarrollo del país.
Con relación a la dualidad monetaria y cambiaria, Marino Murillo explicó que se ha venido laborando intensamente. Se crearon 13 subgrupos de trabajo con más de 200 personas, quienes están laborando con toda intencionalidad en este tema.
Aseveró que “la dualidad monetaria y cambiaria tiene un efecto en toda la sociedad y la economía. Tiene que ver con la formación de precios, los ingresos de las personas, la capacidad de compra del salario…”.
Puedo asegurar, acotó, que los estudios hechos en estos años nos han permitido tener bien definidas las premisas y los problemas a resolver y se trabaja intensamente.
No se logra un verdadero orden económico y monetario si el trabajo no se convierte en la primera fuente de ingresos de la población.
Respecto a la empresa estatal socialista, puntualizó que aún están en un entorno monetario que no las favorece. No obstante, se han tomado una serie de medidas como, por ejemplo: se cambiaron las relaciones de las empresas con el Presupuesto y se definió que el 50 % de las utilidades después de impuesto pueden retenerlo las entidades.
Murillo Jorge refirió que como se ha aumentado la autonomía y las facultades otorgadas, también se crearon las Juntas de Gobierno, las cuales son los representantes del Gobierno ante el sistema empresarial para maximizar los resultados.
En torno a las fórmulas no estatales, particularmente las cooperativas no agropecuarias (CNA) y los trabajadores por cuenta propia (TCP), dijo que hubo desviaciones de la idea inicial para lo que fueron diseñadas.
Por tal motivo, el Consejo de Ministros aprobó una nueva política para este sector, lo cual no quiere decir que se retrocede en el reconocimiento de estos actores de la economía, pero se han producido indisciplinas, corrupción y desviaciones, y la política tiene como objetivo rectificarlas, en función de la idea original.
Dijo que se está trabajando para que todo lo nuevo tenga expresión en normas jurídicas.
Actualmente existen 429 cooperativas no agropecuarias y se aprobaron recientemente cinco que apoyaran el sector de la pesca. Dentro de lo que se define en esta política está que cada cooperativa no agropecuaria debe actuar en el territorio donde fueron aprobadas, por lo tanto, tendrán un alcance provincial. No podrán hacer actividades fuera de la provincia donde tengan el domicilio legal.
Con relación a los TCP, se podrá tener solo una autorización; se reduce la cantidad de autorizaciones, pues hay licencias que se integran; se redefinen los alcances de las actividades y las cargas tributarias. En la gastronomía se reconocen los bares, y se va a autorizar a los arrendadores a prestar servicios a las personas jurídicas.
Se trata, en sentido general, de poner orden, y no de limitar el papel del sector no estatal en la actualización del modelo, enfatizó.
Con relación a la política agropecuaria, se trabajó en la entrega de tierras en usufructo, ahora será por 20 años, y es prorrogable. También se han aprobado la política para la informatización de la sociedad y algunas asociadas a la dinámica demográfica.
En este periodo se ha trabajado en 80 políticas, 18 aprobadas, concluidas 15 y en diferentes fases de elaboración 47.
Todos los problemas que hemos enfrentado en la actualización del modelo han sido más complejos de lo que pensamos, reconoció.
Fuente. Granma