Así lo confirmó al diario Juventud Rebelde el teniente coronel Roberto Hernández, de la Dirección General de Investigación Criminal del Minint, quien desde un inicio estuvo en el grupo designado para esclarecer los hechos.
Según el oficial tras la denuncia en 2017, el Estado inició una investigación exhaustiva, designó un grupo de trabajo permanente y fue abierto el expediente investigativo por un posible delito de Actos contra los Jefes y Representantes Diplomáticos de Estados Extranjeros.
En opinión del experto, no hay evidencias que sostengan la ocurrencia de un hecho criminal, tampoco se pudo asociar los padecimientos referidos con un ataque sónico, de microondas o con otra acción deliberada contra los representantes norteños.
Además, Hernández recordó que las pesquisas de las autoridades policiales y científicas de Estados Unidos y Canadá no lograron explicar de manera concluyente los síntomas descritos por sus funcionarios.