por Hace tres años los gobernantes de los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) declararon a América Latina y el Caribe como una Zona de Paz basada en el respeto a los instrumentos internacionales y los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas.
Aquel texto recoge el compromiso permanente de los firmantes con la solución pacífica de controversias “a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región”.
También el apego al cumplimiento de la “obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos”.
Asimismo señalaron el deber de fomentar la amistad y la cooperación entre sí y con otras naciones,”’independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo”.
Y puntualizaron la necesidad de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones.
El viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó la posibilidad de una acción de ese tipo al señalar que ‘tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo la militar si fuera necesario’.
Tras esas amenazas del mandatario estadounidense, su vicepresidente, Mike Pence, viajó a Colombia, país vecino de Venezuela, y desde Bogotá insistió en que Washington seguirá utilizando su poder económico y político contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Esa postura fue expuesta por Pence durante una conferencia de prensa con el gobernante colombiano, Juan Manuel Santos, quien rechazó una eventual intervención norteamericana en Venezuela y recordó que América es un continente de paz.
Sin embargo, Santos señaló su respaldo a las medidas adoptadas y otras adicionales que determine la Casa Blanca contra Caracas, “pero siempre buscando una salida negociada”, y favoreció el aumento de la presión sobre el Gobierno de Venezuela.
La proclama de 2014 de la Celac compromete a los firmantes, entre ellos el propio Santos, con la solución pacífica de controversias ‘a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región’.
La paz es un bien supremo y anhelo legítimo de todos los pueblos y su preservación es un elemento sustancial de la integración de América Latina y el Caribe y un principio y valor común de la Comunidad regional, puntualizaron los gobernantes reunidos en La Habana.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela y la advertencia de Trump despertaron una ola de rechazo proveniente de los gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Cuba y China, entre otros.
También de los expresidentes de España, Panamá y República Dominicana (José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández) y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Con respecto a la situación en Venezuela, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) han insistido en la necesidad de respetar los principios de no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
En una declaración adoptada en mayo, los cancilleres de ese grupo regional puntualizaron que la solución en Venezuela debe buscarse internamente y a través del diálogo y rechazaron la violencia.
Los caribeños fueron factor determinante en el fracaso de las más recientes maniobras de Washington y del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en busca de condena a Venezuela por parte de esa agrupación.