por El doctor Rodolfo Dávalos, profesor titular de derecho internacional privado de la Universidad de La Habana (UH), calificó la norma legal como moderna y protectora de los beneficios de la familia transnacional, aquella conformada por miembros que organizan sus actividades productivas y reproductivas en territorios distintos.
El Premio Nacional de Derecho destacó que por vez primera se incluye la posibilidad de aplicar en un conflicto, a elección de las partes, la ley del lugar de domicilio o del sitio de origen de la unión, en dependencia de cuál otorgue más prerrogativas a los interesados.
En el programa televisivo Mesa Redonda la doctora Taimí Peña, profesora titular de derecho internacional privado de la UH, ponderó también que la legislación abarca cada tipo de relación familiar y respalda los principios de tolerancia y respeto a las minorías.
Otra novedad -dijo- radica en el reconocimiento de las uniones de hecho, las cuales también pueden poseer la condición de la transnacionalidad y por tanto definir la ley a aplicar en medio de un conflicto.
Por su parte, la doctora Yanet Souto, abogada del Bufete de Servicios Especializados, puntualizó que el Código dedica varios artículos a regular la sustracción ilegal de menores hacia otro país y su restablecimiento al lugar de residencia habitual.
La investigadora del Centro de Estudios Demográficos de la UH, María Ofelia Rodríguez, afirmó que desde la década del 90 del pasado siglo el fenómeno de la familia transnacional cobró connotación en la isla, a raíz del incremento de la migración.
La especialista enfatizó en cuánto impactan estos procesos en la modificación de los roles al interior del hogar, así como en las formas de comunicarse y los propios cuidados.
«En el caso de los cubanos, el valor familia ocupa un rol fundamental”, señaló sobre la tendencia de los migrantes de mantener vínculos afectivos con sus familiares.
La legislación se somete a consulta popular en Cuba hasta el próximo abril, en un proceso democrático donde los habitantes de la isla proponen modificaciones, eliminaciones o adiciones al documento.
Una versión final del texto emanado de este debate deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) y luego sometida a referendo por toda la población.