por La funcionaria agregó que su gobierno dice estar comprometido a hacer de los derechos humanos un pilar fundamental de la política estadounidense.
El gobierno de Estados Unidos sabe que calificar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo es una mentira. Conoce que el gobierno de Trump dio ese paso a última hora en respuesta a presiones politiqueras. También está al tanto de la historia de actos terroristas de su país contra Cuba, dijo en Twitter Carlos Fernández de Cossío, director de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En esa red social la subdirectora de ese departamento, Johana Tablada, añadió que el bloqueo, endurecido con 240 medidas de Trump y la entrada en vigor 22 de enero de la fraudulenta inclusión de Cuba en la denominada lista terrorista, constituye la más atroz violación a Derechos Humanos de millones de cubanos y el obstáculo principal para enfrentar la COVID-19.
En días recientes el gobierno del demócrata Joe Biden anunció la revisión de las acciones contra Cuba de su predecesor republicano, con lo cual dio continuidad a una de sus promesas de campaña en la que planteó un cambio en la política más cercana a la del expresidente Barack Obama, bajo cuyo mandato se produjo el restablecimiento de relaciones entre La Habana y Washington.
A la luz de ese anuncio 80 congresistas demócratas enviaran una carta a Biden solicitándole un cambio hacia las “crueles” políticas y restricciones impuestas desde Washington durante la anterior administración de Donald Trump.
Aquel texto pedía renovar el diálogo “productivo” con el Gobierno cubano con el fin de “ayudar a las familias cubanas en dificultades y promover un enfoque más constructivo al volver rápidamente a la política de compromiso y normalización de las relaciones”.
Donald Trump desde el inicio de su mandato en enero de 2017, echó por tierra esfuerzos de acercamiento y comenzó a implementar contra Cuba medidas sin precedentes, las cuales sobresalieron por su hostil sistematicidad y superaron la cifra de 240.
El endurecimiento de las sanciones impuestas bajo el gobierno de Trump tuvo un impacto de 20 mil millones de dólares en la mayor de las Antillas.