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Escenas dantescas de arrestos de inmigrantes por estos días en calles, plazas, iglesias, escuelas y hasta en los propios centros de regularización migratoria, mantienen en vilo a comunidades enteras en la ciudad estadounidense de Los Ángeles y otras demarcaciones.
Ante ese panorama, organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas sociales se movilizan en aras de detener las oleadas de apresamiento de indocumentados e incluso migrantes legalizados, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Un elevado número de comunitarios fueron apresados, de acuerdo con abogados, sin que se presentaran las correspondientes órdenes legales, lo que denota cómo en Estados Unidos, país que se autoproclama adalid de la democracia y los derechos humanos, se violan las leyes que amparan a los ciudadanos.
A ello se agrega el que muchas de esas personas retenidas, con más de una década de trabajo incluso en el territorio norteamericano, son separadas de forma abrupta de sus familias, sin previo aviso, con las consecuencias emocionales y económicas que ello implica para sus allegados, incluidos niños y ancianos.
En días recientes aumentaron los temores en las comunidades del estado de California, donde el 49% de habitantes es de origen latino y el 14 asiático, ante la presencia en el área, sin autorización del gobierno local, de más de cuatro mil efectivos de la Guardia Nacional, junto a otros 700 del cuerpo de marines.
Vale decir que los agentes, junto a esas fuerzas de apoyo, a principios de este mes sofocaron multitudinarias manifestaciones populares en contra de la considerada criminal política migratoria de Trump, mediante la represión con el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios.
Es cierto, que tal vez algunos elementos ajenos a las movilizaciones cometieron desmanes contra propiedades en el área, lo cual ha sido utilizado por la Casa Blanca para demonizar a los movilizados y justificar acciones de represalia.
Más allá de la ciudad californiana de Los Ángeles como epicentro, los operativos contra migrantes cobran fuerza también en Texas, Florida y Luisiana, estados donde el gobierno del presidente Donald Trump autorizó el despliegue de tropas de apoyo. También se intensifican las redadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata, entre ellas Chicago y Nueva York.
Las fuerzas adicionales, según el Departamento de Estado norteamericano, tendrán como tareas el respaldo a labores administrativas y logísticas en Centros de detención del ICE.
Tales acciones de militarización son criticadas por amplios sectores sociales, e incluso las autoridades de California presentaron demandas judiciales contra el gobierno federal, bajo el argumento de que la medida fomenta un clima de tensiones y temores en las sociedades locales. Solo en el condado de Los Ángeles conviven más de 800 mil indocumentados, del total de 3,5 millones de inmigrantes, según cifras oficiales.
Para llevar a cabo su política de encierro y deportación de personas sin documentación, la administración Trump de forma peligrosa denigra a grupos irregulares con la narrativa de que se apropian de la riqueza de la población anglosajona y desplazan laboralmente a nativos.
En medio del caos reinante en ciudades santuario de inmigrantes, en días recientes el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, considerado arquitecto de las políticas antiinmigrantes más endurecidas, declaró que la actual administración se propone realizar como promedio tres mil detenciones diarias de indocumentados, lo cual excede las dos mil que se realizan cada 24 horas.
La política migratoria del gobierno en ejercicio, sin dudas, ha generado consecuencias profundas y multifacéticas en el país del Norte, y afectan aspectos económicos, sociales y humanitarios, apuntan especialistas y medios de prensa.
Como consecuencia de las deportaciones y redadas masivas en puestos laborales, sectores como la agricultura, hotelería y construcción enfrentan una grave escasez de mano de obra, además de violarse derechos humanos con el desmantelamiento de protecciones humanitarias, apuntan las fuentes.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo norteamericano promueve estrategias de miedo en un ambiente de persecución y amenazas de restringir remesas hacia el exterior, para incentivar “auto deportaciones voluntarias” de indocumentados.
Dichas políticas, calificadas por sectores críticos como regresivas y discriminatorias, priorizan una alegada seguridad nacional y la reducción de inmigrantes en el territorio norteamericano, a contrapelo de los derechos humanos, la estabilidad económica y la cohesión social.
Autor: Oscar Bravo Fong / Colaborador del PRC
